Tres mil arrestos al día. Esa es la meta a la que tienen que llegar los agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) para cumplir con la cuota de inmigrantes ilegales detenidos establecida recientemente por la administración Trump. La tarea no es sencilla. Por ello, los oficiales se han desplegado en estaciones de servicio, supermercados, granjas, campos de frutas y en todo tipo de lugares donde puedan encontrar a cualquier sospechoso de ser indocumentado.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia con la promesa de endurecer las políticas migratorias, los arrestos de ICE se han multiplicado. Y en la cacería han caído tanto ilegales como personas con papeles en regla, con residencia legal e incluso con ciudadanía. Si pareces un inmigrante latinoamericano, entonces la ‘migra’ está yendo por ti.
Justamente, las indiscriminadas redadas de ICE en California provocaron el estallido de las protestas en Los Ángeles cuando agentes se desplegaron en varios Home Depot del estado de California para detener a inmigrantes. Esta tienda especialista en materiales de construcción suele atraer a los llamados jornaleros o ‘day labors’, que durante décadas ofrecen su mano de obra como albañiles, pintores, gasfiteros o jardineros. En los estacionamientos de estas tiendas suelen ser convocados por contratistas o cualquier persona que requiera un trabajo específico.
Pero ahora, las detenciones los están ahuyentando. “Nos estamos quedando sin mano de obra”, se queja a EFE Martín Valencia, un contratista que hace una semana no pudo encontrar a ningún trabajador en el Home Depot de Whittier, en California.
“Mucha gente está viviendo con bastante miedo y están escondidos. Se trata de una cacería de migrantes, pero sobre todo hacia personas de nuestros países, y es gente que viene a trabajar”, comenta a El Comercio la activista Palmira Figueroa, directora de Comunicaciones de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una organización dedicada a proteger los derechos de estos trabajadores inmigrantes.
CIFRA
54% de estadounidenses está en contra de las redadas de ICE en lugares de trabajo, según una encuesta de Pew Research Center.
EL DATO
Menos deportaciones
Aunque Trump busca ser el artífice de la “mayor deportación” de inmigrantes ilegales, su gobierno está por debajo de lo conseguido por su antecesor, el demócrata Joe Biden.
Desde el 20 de enero, cuando empezó el nuevo gobierno, la administración Trump ha enviado a 56.300 mexicanos a su país de origen. En el mismo período del 2024 el número llegó a casi 82 mil, según cifras del Gobierno de México.
“Somos una organización que está en todo el país y tratamos de compartir información para que las personas se puedan defender de ICE, apoyándolos con abogados e incluso con sustento económico si es que se quedan sin trabajo”, agrega.
Empresas sin trabajadores
El aumento de las redadas ha provocado una crisis en muchas empresas que dependen de la mano de obra de trabajadores inmigrantes, que se emplean en servicios que no hacen los estadounidenses, y que han multiplicado sus quejas al ver que muchos no están yendo a trabajar por temor a ser arrestados. “ICE ha logrado asustar, humillar y abusar de esta comunidad de personas”, expresa Figueroa.
Una reciente intervención de ICE dejó a una lechería en Nuevo México solo con 20 trabajadores, de los 55 que usualmente están contratados. Y esta situación se repite en campos de cultivo, ganaderías, hoteles, restaurantes e incluso en servicios sanitarios.
Ante esta situación, el propio presidente Trump pareció dar marcha atrás y reconoció que su agresiva política migratoria estaba afectando a muchos sectores y que se harían cambios. Pero este respiro duró poco debido a la presión dentro de su propia administración, pues la punta de lanza del trumpismo siempre fue el endurecimiento de la política migratoria y considerar a los ilegales como criminales.
Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. Los indocumentados constituyen entre el 4% y el 5% de la fuerza laboral de todo el país, según la consultora Goldman Sachs. El propio Departamento de Agricultura calcula que el 40% de los trabajadores del sector son inmigrantes sin papeles, un porcentaje que alcanza el 50% en California.
En rojo
La multiplicación de las detenciones de inmigrantes también ha puesto al límite la capacidad de ICE. Según un informe del portal Axios, esta agencia federal, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, ya habría sobrepasado su presupuesto en 1.000 millones de dólares cuando aún quedan tres meses para que se termine el año fiscal estadounidense, debido a la cantidad de recursos que se está destinando para las intervenciones. Algo que, contradictoriamente, va en contra del afán de recortar gastos en el gobierno federal.
“Para agarrar a dos o tres personas necesitan de varios agentes y mucha logística. Lo que están haciendo es contratar a personas que no tienen siquiera entrenamiento, pero que son como cazadores”, se lamenta Figueroa, quien considera que muchos de los agentes “son racistas que están abusando de la gente en las calles sin ningún tipo de legalidad”.
Pese a las contradicciones del propio presidente, las redadas han continuado y siguen preocupando a los representantes de gremios que piden mayor comprensión en su dinámica de trabajo. “El ICE ha detenido a personas que se encuentran aquí con permiso, así que ahora los inmigrantes legales tienen miedo de ir a trabajar. Todo esto va en contra de otros objetivos económicos que pueda tener el gobierno. La política migratoria y la política económica no se están alineando en absoluto”, ha dicho con preocupación Douglas Holtz Eakin, actual presidente del grupo conservador de expertos American Action Forum.
La meta de 3 mil arrestos al día sigue estando en las prioridades de ICE, aunque no se sabe por cuánto tiempo más, y si se podrá sostener en el tiempo. Mientras tanto, los trabajadores se siguen cuidando las espaldas para evitar ser arrestados. Para Palmira Figueroa, el objetivo es “continuar con este movimiento de resistencia”.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC) estadounidense, integrado por legisladores demócratas de origen hispano, advirtió esta semana en una carta al presidente Trump que la agresiva política migratoria de su gobierno amenaza el éxito del Mundial de Fútbol que se celebrará el 2026 en EE.UU.
Los congresistas han mostrado su preocupación no solo a las redadas sino al veto impuesto a ciudadanos de 12 países para ingresar a Estados Unidos, y las restricciones para la obtención de visas, lo que va en contra de la accesibilidad y la seguridad de millones de aficionados y participantes internacionales.
El Mundial también se jugará en México y Canadá, dos países a los que Washington ha reprochado tomar medidas insuficientes para controlar el flujo de migración irregular.
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