La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció que el Ministerio del Interior pondrá en marcha iniciativas normativas y administrativas para fortalecer la investigación criminal y el control de armas, municiones y explosivos. El anuncio se dio durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
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La mandataria precisó que el Ejecutivo y el Congreso evaluarán cambios normativos para reforzar la ejecución de los estados de emergencia, y adelantó que, en la próxima sesión del Conasec, el Poder Judicial presentará un informe sobre la situación de las unidades de flagrancia.
Boluarte indicó que la Policía Nacional solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público priorizar carpetas de investigación que permitan detener a cabecillas de bandas criminales ya identificados. Además, Migraciones fortalecerá los procesos de verificación para identificar la situación real de ciudadanos extranjeros en el país.
“El Ejecutivo priorizará el combate contra la minería ilegal en todas sus modalidades y se asignará presupuesto para ello. Los ministerios de Defensa y del Interior continuarán con acciones de interdicción en todo el territorio nacional”, remarcó.
La presidenta informó también que la Municipalidad Metropolitana de Lima planteará un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia para la construcción de penales en la capital, con financiamiento privado.
Durante su intervención, Boluarte convocó a todas las instituciones a trabajar sin divisiones. “Estamos trabajando de manera firme y sin descanso para otorgar a la ciudadanía la paz que se merece, la tranquilidad con que deben desarrollar sus actividades. Esta lucha la tenemos que vencer en unidad”, afirmó.
Asimismo, recordó que siete de los trece acuerdos adoptados en la primera sesión del Conasec ya han sido cumplidos, entre ellos la asignación presupuestal para unidades de flagrancia y la declaratoria de emergencia en la Policía para reducir brechas logísticas.
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En la sesión participaron el presidente del Congreso, los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, el defensor del Pueblo, ministros de Estado, representantes de la Policía Nacional, Migraciones, el INPE y otras autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana.
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