Cobarde estrategia: optó por ser japonés

Al aceptar la candidatura para el Senado japonés, el prófugo ex presidente Alberto Fujimori reitera no solo su intención de burlar a la justicia, sino su desprecio por lo que significa la peruanidad. Se da así un punto de quiebre: nunca más podrá actuar en la política nacional.

Esta decisión confirma , por lo demás, un patrón de conducta cobarde que lo hace recurrir al Japón cuando está en aprietos: primero cuando, a raíz del contragolpe de 1992 liderado por el general Salinas Sedó, se refugió en la embajada nipona. Luego, cuando, al desmoronarse su régimen autocrático en un clima caótico y corrupto, huyó a Tokio en el año 2000. Ahora, ante la inminente decisión confirmatoria del juez principal en el caso de extradición ante Chile, vuelve a cobijarse en el Japón.

Nos preguntamos con honda indignación: ¿Cómo puede ser japonés alguien que ha desempeñado la más alta magistratura del Perú, en la Presidencia de la República?

La comprobada cobardía de Fujimori debe llevar al Estado Peruano a insistir en su nacionalidad predominante y prevaleciente (la peruana) para seguir promoviendo la extradición que lleve a un proceso judicial con el fin de que sus graves delitos de corrupción y contra los derechos humanos no queden impunes.

En el ámbito político, la eventual senaduría nipona de Fujimori debe significar no solo el fin de su carrera política en el Perú, sino también el más duro golpe a las pretensiones de sus seguidores, incluidos los que están en el Parlamento, a los que les da la espalda nuevamente. ¡Qué mal deben sentirse!

En cuanto a la justicia chilena, tenemos que invocar a sus magistrados a no dejarse impresionar por esta maniobra burda para intimidarlos. Como han coincidido juristas peruanos y chilenos, el tema judicial no puede verse contaminado por presiones políticas de ningún tipo, más aun cuando no está clara la viabilidad de una candidatura que, así llegue a cuajar, tampoco asegura inmunidad absoluta fuera del Japón.

Recordemos, sin embargo, que, en última instancia, la palabra final en el proceso de extradición la tienen, no los poderes judiciales, sino los jefes de Estado de los países involucrados, en este caso la presidenta chilena Michelle Bachelet.