Martes, 27 de marzo de 2007
Acusan a ex directivos de Aduanas por filtro informático que alteró controles


Revisiones de carga se vieron reducidas entre mayo y junio del 2001. Sunat los denunció por asociación ilícita y usurpación de funciones

Por Pablo O'Brien, Unidad de Investigación

Entre el 14 de mayo y el 5 de junio del 2001, funcionarios del más alto nivel de Aduanas (hoy Sunat, tras la unión de estas dos instituciones ocurrida el 2002) implementaron un ilegal sistema que redujo a la mínima expresión la posibilidad de que los aduaneros pudieran revisar los cargamentos de mercadería importada.

Tras una investigación que duró cinco años, la Sunat demandó a los responsables ante la Fiscalía Penal 12 del Callao. Según el expediente se encuentran entre los acusados: el ex superintendente de Aduanas (2000-2002) Arturo Ramírez Salomón; el ex intendente nacional de Sistemas (1994-2001) Gustavo Ruiz Guevara; la ex gerenta de Inteligencia Aduanera Lucy Villar Vásquez; la ex jefa de la División de Calidad y recientemente separada intendente de la Aduana Aérea del Callao Lida Gálvez Villegas; y la ex jefa de la División de Desarrollo de Sistemas Flor Febres Zapata. Todos ellos son procesados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones.

El 4 de diciembre último, el fiscal Luis Cusma Vernal halló responsables a todos los nombrados del delito de usurpación de funciones, pero desestimó la acusación por asociación ilícita. La Sunat apeló, pues considera que hay indicios suficientes para que los funcionarios sean acusados por el último delito mencionado.

CONTROL ADUANERO
Los artículos que ingresan al país deben pasar por el control aduanero. Debido a que no es posible revisar todos los cargamentos, Aduanas aplica un modelo probabilístico --Maximización de Hallazgos (MMH)--, con el fin de determinar cuál tiene que pasar por una inspección completa (aforo físico).

Para que este sistema funcione, todos los importadores deben presentar una Declaración de Importación Definitiva (DIF) en la que consignan el tipo de artículos internados al país, las cantidades y precios de los mismos, más otros detalles. Este documento ingresa a un sistema que, mediante un software especial elaborado por Aduanas, establece a qué tipo de revisión (o canales) será sometida la mercadería. Por eso a este modus operandi se le bautizó como Sistema de Asignación de Canales.

Hay tres formas de inspección: reconocimiento físico o canal rojo (se verifica que la información de las DIF concuerde con los artículos de los cargamentos); revisión documentaria o canal naranja (se cree en los documentos sustentarios presentados por el importador); y validación automatizada o canal verde (no se efectúa control alguno). Estas formas de revisión son semejantes a las que se aplican en las distintas aduanas aeroportuarias del país con los pasajeros que llegan del exterior.

De acuerdo con la normativa vigente (artículo 49 de la Ley General de Aduanas), la revisión física de las importaciones no debe exceder el 15% de las mismas. Es decir, de todas las veces que las empresas internan productos al país, solo hasta un 15% de ellas puede pasar por canal rojo. Tal proporción es controlada mediante un software (MMH), especialmente preparado para este fin y que Aduanas ajusta para que de ninguna manera la revisión física sea menor al 12% de la mercadería ingresada anualmente por compañía.

PROGRAMA ILEGAL
Sin embargo, entre abril y mayo del 2001, según el Informe 001-2006-1B0000 de la Oficina de Control Interno de la Sunat, transgrediendo toda la legislación vigente, "funcionarios de Aduanas, extralimitando sus funciones, participaron en la implementación ilegal de un programa filtro (software) que favoreció a un grupo de 500 importadores (consideradas de alto riesgo) con la reducción a un porcentaje de 0,5% (determinado irregularmente) de asignación al canal de control rojo". Tal sistema fue inmediatamente bautizado por los vistas de Aduanas como Canal VIP.

Las investigaciones de la Oficina de Control Interno de la Sunat concluyeron que sin necesidad alguna y sin el menor sustento técnico se redujo la revisión física (canal rojo) para 500 empresas del 12% al 0,5%. Muchas de ellas nunca se enteraron de los malos manejos. Pero también demostraron que para la selección de estas compañías (lo que no estaba previsto por Aduanas), denominadas "de menor riesgo", los funcionarios comprometidos en esta grave irregularidad fijaron criterios poco confiables. Aun así, la Gerencia de Inteligencia Aduanera y la División de Análisis de Riesgo entregaron un memorándum con la relación de 500 importadores que se les había solicitado.

Al construirse el programa filtro, se reemplazó a 130 empresas contenidas en el citado memorándum por igual número de compañías, que de ninguna manera habrían calificado como "de menor riesgo", afirma el citado informe.

Por ello, en la demanda presentada por la Sunat ante la Fiscalía Penal 12 del Callao, se afirma que "no solo hubo irregularidad en la creación del programa filtro, sino que además se incluyó en la flexibilización del control aduanero a importadores que no calificaban [como] de menor riesgo".

Se desconoce si estas 130 empresas eran conscientes de que se beneficiaban. En todo caso, El Comercio encontró que un buen número de esta firmas se dedica o dedicaba a la importación de vehículos usados. Todas ellas domiciliadas en la Zofra-Tacna. Es curioso, además, que la mayoría de ellas aparezca hoy como "no habidas" en la Sunat. Se puede citar como ejemplo a Aisha Trading, H.A Motors, Punjab Motors, Import Export Saleem, U.S Motors, Moon Motors, Imp Sudamericana Motors, entre otras. Asimismo, llamó la atención que en esta lista estuviera Importadora y Exportadora Doris S.A., una firma que está en la mira del Indecopi por supuestamente favorecer el negocio de la piratería.

El programa filtro, como ya se mencionó, se aplicó ilegalmente entre el 14 de mayo y el 5 de junio del 2001, tiempo suficiente para que se generen diversos perjuicios al país e incluso se ponga en riesgo la seguridad nacional.

En el informe mencionado se establece que por los menos unas 500 DIF debieron ser asignadas al canal rojo, por diversas razones, entre las que destacan que muchas de las mercaderías estaban afectadas a regímenes tributarios y arancelarios especiales. Pero los más grave es que se descubrió que 25 DIF debieron haber sido revisadas meticulosamente, pues según estas declaraciones de importación, se estaba internando al país "explosivos, armas e insumos para la elaboración de pasta básica y clorhidrato de cocaína".

Los descargos
El Comercio
conversó con un vocero de la Sunat que reconoció los hechos, pero indicó que las demoras en sancionar a los responsables se debieron a la complejidad del esquema implementado. Este Diario se comunicó también con el ex superintendente de Aduanas Arturo Ramírez Salomón, quien, sin embargo, a través de un amigo hizo saber que no daría declaraciones. Gustavo Ruiz es no habido.

Más información:
4 La Sunat se demoró cinco años en investigar y denunciar este caso





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